El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones avanza en la regularización de sus compromisos financieros con una importante inyección de fondos prevista para los próximos dos meses, al tiempo que refuerza controles en materia de seguridad vial.
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El Gobierno nacional prevé inyectar USD 150 millones a la economía durante abril y mayo de 2026, recursos que cubrirán aproximadamente el 85% de la deuda pendiente que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acumuló en el ejercicio 2025. La medida forma parte de una estrategia orientada a reactivar las obras públicas, garantizar la continuidad del sector de la construcción y devolver previsibilidad al sector privado.
La ministra Claudia Centurión señaló que este no es el primer esfuerzo de saneamiento financiero de la gestión: a finales de 2023 el ministerio ya había desembolsado cerca de USD 400 millones para saldar compromisos heredados de la administración anterior. En esa línea, la titular de la cartera reconoció que algunas obras experimentaron demoras por limitaciones presupuestarias, pero destacó que esa situación está siendo superada gracias a la recomposición del financiamiento.
Más allá del impacto económico directo, la inyección de fondos apunta también a preservar miles de puestos de trabajo vinculados al sector y a acelerar la entrega de infraestructura a la ciudadanía. Entre los proyectos que se analizan figura la ampliación del puente Pozo Hondo – Misión La Paz, sobre el río Pilcomayo, cuya capacidad actual se proyecta insuficiente frente al crecimiento esperado del corredor.
En el plano de la seguridad vial, el MOPC avanza en el retiro de cartelería irregular instalada en las rutas nacionales, por considerarla peligrosa al interferir con la señalización oficial y generar distracciones a los conductores.
La institución denunció que durante la gestión anterior se otorgaron concesiones para carteles sin los correspondientes procesos de licitación, contratos que actualmente se encuentran en revisión y en proceso de revocación. Sin embargo, algunas empresas afectadas han recurrido a medidas judiciales para frenar la remoción, lo que ha generado retrasos en la limpieza de las rutas.
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