El inicio de la reconstrucción y remodelación de la infraestructura penitenciaria no solo fortalecerá el sistema del Ministerio de Justicia, sino que también generará un impacto positivo en el sector de la construcción a nivel nacional.
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El Ministerio de Justicia tiene previsto iniciar en marzo un amplio plan de reconstrucción, restauración y remodelación de establecimientos penitenciarios, granjas, hogares, centros educativos y sedes administrativas. Más allá de su impacto institucional, la iniciativa representa un impulso significativo para el sector de la construcción, al movilizar inversiones y generar actividad económica en distintas regiones del país.
Los trabajos fueron adjudicados al Consorcio TC y se ejecutarán de manera simultánea en las zonas norte, sur, este y central, lo que permitirá una distribución territorial equilibrada de los recursos y oportunidades. Esta planificación descentralizada favorece la participación de mano de obra local, proveedores regionales y empresas vinculadas a la cadena de valor de la construcción.
Desde la Dirección de Obras e Infraestructura, encabezada por Stella Maris Azuaga, se establecieron lineamientos técnicos y administrativos que brindan previsibilidad y claridad en la ejecución. Los protocolos definidos incluyen normas de ingreso a los establecimientos, mecanismos de certificación de obras, sistemas de supervisión, requisitos para recepciones provisorias y definitivas, además de estándares de seguridad laboral.
Estas disposiciones no solo garantizan transparencia y control en el uso de los recursos públicos, sino que también fortalecen las buenas prácticas dentro del sector constructivo, promoviendo el cumplimiento de plazos, estándares de calidad y condiciones de trabajo adecuadas.
La ejecución simultánea en varias regiones amplía el alcance económico del proyecto, generando movimiento en rubros asociados como transporte, provisión de materiales, servicios técnicos y logística. De esta manera, la inversión pública en infraestructura penitenciaria se convierte en un motor de dinamización para la industria de la construcción, con impacto directo en el empleo y en la actividad productiva.
Con esta iniciativa, el Ministerio no solo avanza en la modernización de su infraestructura, sino que también contribuye al desarrollo económico nacional a través de la obra pública planificada y supervisada bajo criterios técnicos definidos.
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